Mientras Perú y Colombia firmaban sus tratados de libre comercio con Estados Unidos, entre el 2005 y el 2011, el Proyecto de Control y Reducción del Cultivo de la Coca en el Alto Huallaga (CORAH) estuvo involucrado en la erradicación de cultivos coca en esta parte de la selva alta.
Las campañas de erradicación del CORAH básicamente abrieron el mercado de la hoja de coca. Si antes los cocaleros y procesadores de pasta básica y clorhidrato de cocaína habían establecido relaciones estables con los barones locales del narcotráfico en el Alto Huallaga (sólo se vendía y se compraba droga entre conocidos y gente de confianza), la entrada de los equipos del CORAH habría irrumpido e interrumpido estas relaciones de patronazgo, y abierto el comercio de la droga. Cualquiera le podía vender a cualquiera. De esta manera, los patrones del narco más antiguos tuvieron que competir con advenedizos por el control de los territorios de cultivo.
La competencia desató una espiral de violencia, y muchos narcotraficantes se vieron obligados a buscar nuevos campos de cultivo para sus agricultores, en regiones que reunieran dos características cruciales: que fueran aptas para el cultivo de la planta y que estuvieran liberadas del control del Estado.
Así fue como las operaciones que los narcotraficantes tenían en el Alto Huallaga se esparcieron hacia el VRAE, por un lado, y hacia el Trapecio Amazónico, por el otro.
Para cultivar hoja de coca y producir pasta básica de cocaína no solo se necesitan grandes extensiones de terreno. También se requiere del contrabando de químicos y otros materiales para la producción de la cocaína sin refinar, y un grupo de trabajadores altamente confiable. Caballococha reunía todas las condiciones.
Los narcos facilitaron la migración de sus agricultores a la provincia de Mariscal Ramón Castilla. Proveyeron a los migrantes de lugares seguros adonde llegar, y actuaron como intermediarios con las comunidades ticuna de la localidad, para darles acceso a tierras de cultivo21. Además, sacaron ventaja de la debilidad del Estado en el bajo Amazonas. Así, Caballococha se convertiría en un punto de encuentro para todos los involucrados en el ilícito negocio, mientras que las comunidades ticuna circundantes transformaban sus territorios titulados en una de las zonas cocaleras más boyantes del Perú. Los narcos han rehuido el conflicto con este pueblo originario, y tejido cuidadosas relaciones con sus miembros, que no sólo proveerían las tierras para el cultivo, sino también peones y estibadores, y fuerza de trabajo para el transporte de la droga, como guías y motoristas.
Dada la precariedad en la que había caído la economía familiar campesina y nativa en la zona con la firma de los TLC, la coca y el narcotráfico inyectaron inversiones, pagos y dinero en efectivo con los que cultivos tradicionales y comerciales no podían competir.
La saturación del espacio y la competencia por el control de territorios entre narcos y advenedizos produciría, tiempo después, otra espiral de violencia, esta vez en el bajo Amazonas: la llamada Guerra de los Cartelitos.
Se trató de una guerra entre tres narcos: Jair Ardela Michihue, Isauro Porras y Alonso Mavesoy. A Porras, de nacionalidad brasileña, se le atribuía ser responsable del asesinato de unas 40 personas22, antes de ser él mismo acribillado y asesinado de 18 balazos en la comunidad ticuna de Cushillococha, en agosto de 2008. Ardela Michihue era el traficante de drogas más grande del Trapecio. Según fuentes en la Policía Federal de Brasil, entre el 2008 y el 2010 ordenó la muerte de 20 personas. En la actualidad cumple una condena en Manaos por homicidio, narcotráfico y extorsión23. Mavesoy, un presunto ex oficial del ejército colombiano, al parecer, sigue libre y es quién se habría hecho con el territorio y el acopio de la producción de los cultivos que van de Leticia a Caballococha, pasando por San Pablo, Cushillococha y Bellavista.
Acabada la guerra entre estos cárteles, el cultivo y el procesamiento de la hoja de coca se realiza en las cercanías de las localidades peruanas de Santa Rosa y la comunidad nativa ticuna de Cushillococha, cercana a Caballococha, por ser terrenos menos susceptibles a la inundación que los de la orilla colombiana del Amazonas.
De esta manera, el número de hectáreas cultivadas llegó a un tope de 3070 en el 2013. Las posteriores campañas de erradicación del CORAH redujeron la extensión a 2137 en el 2014 y hasta 307 en el 2015. De hecho, durante uno de los operativos de erradicación y destrucción de laboratorios, el 11 de julio de 2014, un grupo de hombres armados emboscaron a 17 agentes de la Dirandro dirigidos por el comandante PNP Iván Lizzetti, y asesinaron al mayor Rudy Jim Falcón Salguero. Pero el Estado abandonó la erradicación en el 2016 y el 2017 y la resiembra rebotó a 1292 hectáreas en el 2016, y a 1823 en el 2017.
En noviembre de 2019, el CORAH por segunda vez se asentó en Caballococha, en la base de la Dirandro, para realizar acciones de interdicción aérea, erradicación terrestre de la hoja de coca, y la destrucción de laboratorios usados por el narcotráfico en toda la provincia de Mariscal Ramón Castilla.
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Publicado originalmente en: LinkedIN
Bibliografía
Arriarán,G. (2020). La trata de personas en el contexto del narcotráfico y la pandemia de la Covid-19. Un mapeo de actores. Pro Ética–Transparencia Internacional.
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