Una ciertas terquedad y soberbia entre quienes manejan el discurso sobre la pequeña minería y la minería ilegal –un discurso que no ha producido resultados favorables– no permite que se amplíe ni se profundice la mirada ni se llegue a consensos concretos para enfrentar el problema.
La mayor parte de las aproximaciones al problema de la pequeña minería, la minería informal, o la ilegal, han conducido a análisis fundamentalmente legalistas, que se ocupan excesivamente de las normas, de las respuestas institucionales, y hasta de la militarización del asunto, puesto que incluso se demandó la intervención de las Fuerzas Armadas.
Esta forma de ver el fenómeno, en algunos casos asociada al ambientalismo y a la protección de la naturaleza, ha perdido de vista y ha condicionado buena parte de los estudios (sobre todo a la literatura gris) que se han publicado sobre el tema.
Se trata de una mirada, y hasta de políticas públicas inspiradas en ella, que ya ha probado en repetidas oportunidades que no funciona. No genera resultados. No protege al medio ambiente. No protege los derechos de las personas. Por el contrario: el avance de la minería ilegal durante los últimos 20 años ha sido incontenible.
El gran problema de esta particular forma de aproximarse al fenómeno es que no reflexiona sobre sus causas más profundas. Busca la erradicación del problema antes que a su solución.
Una consecuencia indirecta
La minería ilegal es una consecuencia indirecta de las políticas extractivas de cada uno de los países de la cuenca amazónica, que, desde hace 30 años, ha favorecido la conformación de enclaves económicos, particularmente mineros y petroleros, en el campo.
Estos enclaves demandan bienes y servicios en sus zonas de influencia, y han hecho subir los precios de los costos de vida. Como consecuencia, han complicado las perspectivas de desarrollo de comunidades que continúan viviendo de la agricultura y otras actividades tradicionales de subsistencia.
Imposibilitados de acceder a las oportunidades del mercado formal, buscaron salidas en las diversas economías ilegales que florecen en la Amazonia en laactualidad.
¿Cómo ha ocurrido este proceso en cada uno de los países de la cuenca amazónica? Se debe encarar esta pregunta para diseñar estrategias y políticas públicas específicas capaces de abordar con eficiencia los desafíos asociados a la minería ilegal y a la minería de pequeña escala.
Estas políticas, por cierto, deben atacar la pobreza estructural en las zonas de donde provienen muchos de los mineros que hoy se emplean en la minería ilegal.
¿Cómo ocurre la intervención del Estado?
Otro factor crucial a tener en cuenta para la investigación y la comprensión a cabalidad de la minería ilegal, con el fin de dar salidas efectivas a los desafíos que presenta, es la presencia y acción del Estado frente a la actividad.
Eso se traduce fundamentalmente en tres temas a ser considerados y comprendidos: estados de emergencia, el proceso de formalización minera y la corrupción.
Estados de emergencia: la minería ilegal, en especial la de aluvión que se practica en la selva amazónica, suele aparecer en territorios que el Estado no controla. En territorios sobre los que el Estado no tiene el monopolio del uso de la violencia, ni la autoridad para imponer ahí el imperio de la ley.
La autoridad del Estado en los territorios dominados o con presencia de mineros ilegales suele manifestarse mediante la aplicación de estados de excepción, en los que los derechos de la ciudadanía y las libertades civiles se encuentran, muchas veces, suspendidos.
Se abusa de medidas militares que no atacan a los problemas estructurales que hacen posible a la actividad y que explican, en buena medida, los pobres resultados que se han obtenido hasta ahora.
Corrupción: Los intentos fallidos para abordar el problema están signados por la corrupción y la incompetencia en los procesos de formalización de los pequeños mineros.
La minería ilegal no es posible sin la corrupción de funcionarios del Estado y la representación de sus intereses en el ámbito político.
En muchas ocasiones, elementos de las propias fuerzas armadas y policiales reciben coimas o cobran cupos de los mineros ilegales. Este problema se repite en funcionarios regionales que reciben dinero para facilitar trámites o dar salida a expedientes.
A nivel político, la economía de la minería ilegal tiene el potencial, y a veces es lo suficientemente poderosa, como para determinar, a partir de relaciones de clientelismo, las formas políticas locales y su engranaje a instancias nacionales de gobierno.
Vale decir: con el oro de la minería ilegal se financian en campañas políticas, y políticos, que, a su vez, desde el gobierno, o el congreso, representan intereses y continúan facilitando no sólo la existencia sino la expansión de la minería ilegal en la Amazonía.
El proceso de formalización
¿Podría alguien imaginarse un proceso de formalización que dure ya más de cuarenta años? ¿Quién sería capaz de calcular la cantidad de recursos que se han desperdiciado volcándose a un trámite que no parece tener fin?
El proceso de formalización de los pequeños mineros, en el caso del Perú, al menos, debe haber producido casi tantos mineros ilegales como la escalada exponencial de los precios del oro antes de la crisis financiera de 2007 y 2008.
Parece concebido para no generar incentivos, supone inversiones prohibitivas, trámites engorrosos con muy pocos beneficios, o ninguno, y pocas posibilidades de éxito.
Hacia un análisis de los territorios ocupados por la minería ilegal
La manera más sencilla de comprender lo que ocurre con la minería ilegal y los desafíos que presenta para la sociedad y el Estado en la Amazonía es analizar los territorios que domina.
Se trata de zonas que escapan del control del Estado y que por su propias características geográficas son muy difíciles de controlar.
Además de por la minería ilegal, esos territorios suelen estar ocupados por remanentes de la guerrilla (como en el caso colombiano) y bandas para militares dedicadas a dar protección o extorsionar y cobrar cupos de los mismos mineros ilegales.
No hay que olvidar a comunidades indígenas y nativas que, en algún momento se vieron invadidas por la actividad y que ahora, necesitan gestionar la tensión entre miembros que la adoptaron como forma de vida, y aquellos otros que la rechazan, y desean sostener en el futuro formas tradicionales de subsistencia. Con los desafíos que la penetración de la economía de mercado en la Amazonía supone para las economías de subsistencia.
Dos asuntos pendientes
Los problemas de índole social que acarrea la minería ilegal suscitan un gran interés. Se vinculan a temas de seguridad ciudadana, salud y medio ambiente, en lo primordial.
No obstante, hay dos enfoques que deben abordarse con más énfasis.
El primero es el género. Es necesario abordar las implicancias de la minería ilegal en torno a: la salud y la seguridad de las mujeres. Cómo las condiciones de trabajo en las minas ilegales, son peligrosas y precarias, y afectan a las mujeres. Vale decir, las exponen a riesgos de accidentes, lesiones, explotación laboral, durísimas condiciones de trabajo (como el caso de las pallaqueras, en Ananea y Rinconada), violencia sexual y tráfico humano.
El segundo son los pueblos indígenas. Es necesario pensar por primera vez el rol que cumplen las poblaciones indígenas y las comunidades y federaciones nativas frente a la minería ilegal (protección de los bosques, por ejemplo), o dentro de ella (nativos que trabajan o son patrones de la minería ilegal).
Todos los anteriores son aspectos que requieren mucha mayor investigación y análisis, para considerar las perspectivas y necesidades de los habitantes de los territorios, así como las voces de las personas más vulnerables en ellos. Fuera de escuchar, casi en exclusiva, a los medios de comunicación, los abogados y las ONG, y el Estado que han monopolizado un discurso que necesita con urgencia ser debatido para poder llegar a consensos.
¿Cuál es el error en la foto?
Mientras se continúe en lo mismo, la minería ilegal podrá continuar relajándose a sus anchas.